Rechazaron un amparo contra el pago del Aporte Solidario y Extraordinario por la pandemia

El juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa rechaz贸 una acci贸n de amparo de un contribuyente, que se negaba a pagar el “Aporte Solidario y Extraordinario” establecido en la ley 27.605, y sostuvo que la norma “respeta el principio de legalidad”.

La Ley 27.605 “fue sancionada siguiendo el procedimiento de formaci贸n y sanci贸n de leyes previsto en la Constituci贸n Nacional”, remarc贸 el titular del juzgado federal en lo Contencioso Administrativo federal 10, en el fallo al que tuvo acceso T茅lam.

La acci贸n de amparo fue presentada el 16 de abril pasado por un contribuyente, identificado por sus iniciales L F, quien buscaba obtener la declaraci贸n de “inconstitucionalidad” de la ley que estableci贸 por 煤nica vez el “Aporte Solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, y asegur贸 estar radicado en Estados Unidos pero estar alcanzado por “poseer acciones en compa帽铆as nacionales”.

El magistrado rechaz贸 el amparo al destacar que la Ley “es producto del debate parlamentario”, “respeta el principio de legalidad y por lo tanto desde esta 贸ptica de estudio, resulta un instrumento jur铆dico id贸neo”.

Adem谩s, hizo un repaso de la situaci贸n econ贸mica y social a ra铆z de la pandemia.

“Es posible concluir que nuestra Naci贸n, como consecuencia de la pandemia del Sars Covid 2 (Covid 19) est谩 atravesando una profunda y grave crisis sanitaria, social y econ贸mica -que sufren m谩s intensamente los grupos y/o sectores vulnerables- todo lo cual pone en riesgo el capital humano y productivo, acentu谩ndose m谩s las desigualdades distribuitivas, que ya exist铆an con anterioridad”, consider贸 Lara Correa.

En el fallo se mencionaron informes de organismos internacionales como la Cepal, que por ejemplo advierte “sobre el aumento de la pobreza en Am茅rica Latina y el Caribe por la pandemia”.

El juez se refiri贸 adem谩s al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que advirti贸 que “los pa铆ses sufrieron una carga desproporcionada de casos y muertes. Esto trajo consigo m煤ltiples crisis econ贸micas y sociales”.

El contribuyente hab铆a aludido a una “amenaza al derecho a la propiedad”.

En el caso concreto, el magistrado consider贸 que el contribuyente no prob贸 que se afecte su derecho a la propiedad ni “afecte una porci贸n sustancial de su patrimonio”, y rechaz贸 por falta de evidencia el argumento sobre la residencia fiscal en Estados Unidos.

La decisi贸n podr铆a ser apelada ante la C谩mara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Fuente: T茅lam

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