El proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura ingresó al Senado
El proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que propone elevar de 13 a 17 los miembros de ese organismo, con el objetivo de mejorar y agilizar los procedimientos de selección de magistrados, ingresó a mesa de entradas del Senado de la Nación para ser debatido en comisiones.
El Gobierno nacional envió el texto al Parlamento en las últimas horas para abrir el debate de la propuesta en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, informaron a Télam fuentes oficiales.
La iniciativa suma dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico a los distintos estamentos con que hoy cuenta el Consejo, e incorpora la perspectiva de género a fin de dar cumplimiento a convencionales internacionales y a normas internas.
De este modo, el organismo quedará integrado por cuatro jueces del Poder Judicial (hasta ahora eran dos), y se deberá garantizar la representación de todas sus instancias y la presencia de magistrados con competencia federal del interior del país, de los cuales al menos dos deben ser mujeres.
Habrá además seis representantes del Poder Legislativo, tres diputados y tres senadores (dos por el bloque mayoritario de cada cámara, y uno por la primera minoría). Tres de estos legisladores, al menos, deberán ser mujeres.
El estamento de los abogados tendrá 4 representantes (hasta el momento eran 3) elegidos por el voto directo, según el sistema D’Hont, de los matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las Cámaras Federales con asiento en las Provincias. De ellos al menos dos deberán ser mujeres.
También integrará el organismo un representante del Poder Ejecutivo Nacional, y dos correspondientes a los ámbitos académico y/o científico (hasta ahora había uno solo). Uno de ellos, al menos, será mujer.
El Consejo de la Magistratura es un órgano del Poder Judicial que fue creado a través de la reforma de la Constitución Nacional, que lo incorporó en su artículo 114, y está regulado por la Ley 24.937.
